Desde 1996, Estado y Organizaciones Indígenas cuentan con la Mesa Permanente de Concertación (MPC), un espacio bilateral donde las dos partes se sientan a discutir sobre políticas, programas y presupuestos que permita concretar los derechos plasmados en la Constitución de 1991. Aunque esta dinámica de diálogo, concertación y negociación política no siempre asume las ritualidades de la consulta previa, si desarrolla el espíritu del Convenio y dota a gobierno y organizaciones indígenas de opciones alternas para construir acuerdos. 

 

La Corte Constitucional, por su parte, mediante sentencias y autos de cumplimiento de las mismas, se propuso establecer un sistema de protección de derechos de los pueblos indígenas que obligó a la institucionalidad estatal a articularse para asumir los retos que le impone su obligación de salvaguardar las  comunidades en peligro de extinción por violencia estructural y conflicto armado.  La intención reformadora de este tribunal de justicia comienza a plasmarse en el discurso y el quehacer de las entidades públicas,  pero frecuentemente se estrella con prioridades divergentes de la política estatal y con el escasísimo gasto social que impide cumplir con lo acordado, para no referirnos a solucionar las inequidades que afectan históricamente a los indígenas. 

  

Existen también nuevos escenarios y procesos interétnicos donde pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos comienzan a reconocerse como sectores con  reivindicaciones compatibles de transformación democrática del sector rural que requieren potenciar para que esta tarea histórica no vuelva a aplazarse otros  setenta años. Son indígenas, afrodescendientes y mestizos campesinos los que deben aprender a resolver sus propios conflictos de convivencia territorial en el marco de la construcción de propuestas de paz desde la sociedad civil.     

 

Relevantes son los esfuerzos locales y nacionales que han activado la consulta populares y el referendo como mecanismos de participación vigentes en la Ley 134, y que en los temas de minería y el agua están articulando a diversos sectores alrededor de la protección de la integridad ambiental de los territorios. Una expresión ciudadana que tiende los puentes entre lo urbano y lo rural que nunca debieron romperse en nuestro país.  

 

Todos estos ejercicios, dan cuenta de que las consultas previas no son ni deben ser las únicas formas en las que se exprese la participación de las comunidades étnicas.  Sin renunciar a este derecho, espacios aún más ricos por su carácter interétnico o intersectorial también consolidan procesos democráticos susceptibles de amparar los derechos de las colectividades. 

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